Adosados Inmobiliaria

La cuestión es si puede esperar mucho: con una vivienda de obra nueva el tiempo entre la venta y la entrega se extiende en general un año y medio, en el caso de que la construcción aún tenga que empezar. Este tiempo puede ser hasta tres años, por ejemplo, en grandes complejos de apartamentos con un aparcamiento subterráneo.

Los bancos están poniendo ahora un poco más de dificultad para conceder una hipoteca, pero si su situación financiera lo permite, todavía hay posibilidades de obtener una hipoteca para comprar la casa de sus sueños. En general, el banco le dará una hipoteca de un máximo del 70% del valor de tasación de la propiedad, si la propiedad está situada en una zona residencial (urbana). Si es una casa en el campo (clasificada como ‘rústica’) los porcentajes aplicables son más bajos. Podemos ayudarle con la introducción de varios proveedores de hipotecas

Impuestos anuales sobre la propiedad: IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), este impuesto es un 0,5% del valor catastral, a pagar en la oficina de recaudación provincial.
• Gastos del consumo de: luz, agua, gas, etc.
• Cargas municipales como la recogida de basura.
• Cargas en común para el mantenimiento de jardín y piscina, pistas de tenis, caminos y alumbrado público en la urbanización etc.
• Seguros de Propiedad y Contenidos.
• Teléfono y el uso de Internet.
• Impuesto sobre el patrimonio – Cada año, los propietarios de una casa tienen que declarar su casa en la retención de la renta.
Los impuestos y costes varían según el municipio, el tipo de vivienda y consumo personal (agua, luz, teléfono e Internet).

Como decíamos, los contratos de alquiler tienen una duración mínima de tres años inalterables por el arrendador (excepto en ciertos casos). Por tanto, durante ese periodo, sólo podrán subirnos el alquiler año tras año y únicamente si ha sido pactado previamente en el contrato, bien siguiendo un índice de referencia (generalmente el IPC) o una actualización “fija” similar. Es decir, nuestro contrato podrá establecer que cada año se aumentará la renta en 5 euros. Ahora bien, para que esta subida sea efectiva, el propietario deberá comunicárselo al inquilino de forma fehaciente antes de cumplir el año, por lo que, si el propietario no nos comunica la actualización del precio, no estaremos obligados a pagar más.

Muy diferente será cuando pasen tres años del contrato. En este caso, si el propietario nos lo ha comunicado fehacientemente con al menos 30 días de antelación a la fecha de finalización del mismo, nuestro viejo contrato puede quedar rescindido y no s puede exigir formalizar uno nuevo, con una renta más elevada u otras nuevas condiciones, o abandonar el inmueble. Así es como suceden gran parte de los “desahucios” de alquiler (que han venido a llamarse “desahucios silenciosos”) y los desplazamientos de población en nuestras ciudades.

Este tipo de cuestiones hay que abordarlas desde el primer día. No podemos esperarnos a que tengamos el procedimiento judicial, con muchos meses impagados porque nos quedará poco margen de negociación. En estos casos, debemos acudir a las asociaciones, a Servicios Sociales o a Servicios de Mediación del Ayuntamiento para que nos ayuden y acompañen buscando una solución.

Si nos vemos en una situación muy apurada, hay que recordar que nadie puede echarnos sin procedimiento judicial. Es cierto que es obligación del inquilino pagar y que el propietario tendrá razones suficientes, pero en el caso de que sea imposible pagar, se debe saber que se tienen una serie de derechos. Además, si la relación no se ha enturbiado aún, seremos capaces de dialogar y de ser comprendidos, lo que puede permitirnos llegar a acuerdos y evitar el desahucio (al menos judicial). Asimismo, los procedimientos judiciales de desahucio por alquileres suelen ser cortos para el inquilino, pero largos para el propietario, por lo que siempre les puede interesar llegar a una solución amistosa (incluso con las relaciones “rotas”).

Una vez recibamos la demanda, ante cualquier comunicación judicial, tenemos que ir inmediatamente a un abogado de confianza o, en su caso, a la ciudad de la justicia para pedir justicia gratuita. Como antes, tendremos un margen de unos 5 o 6 meses hasta que nos puedan echar definitivamente.

Igualmente, es muy recomendable servirse de profesionales de la mediación que permitan tender puentes entre el inquilino y el arrendador para llegar a acuerdos beneficiosos y seguramente menos costosos que el procedimiento judicial.

Finalmente, si existiera cualquier amenaza o intimidación, tenemos que denunciarlo inmediatamente a la policía.